REVISTA PATRULLANDO LA CIUDAD

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue notificada por el Tribunal Superior de Justicia capitalino, de la pena de 47 años y seis meses de prisión impuesta contra sujeto que participó en el secuestro y homicidio de comerciante, ocurrido en diciembre de 2009.

La Subprocuraduría de Procesos, a través de la Fiscalía de Procesos Oriente, demostró que Eduardo Miguel Díaz, es responsable del delito de secuestro agravado, por lo que también fue sentenciado por el Juez 20 Penal, del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, al pago de 43 mil 292 pesos, por concepto de gastos funerarios.

ANTECEDENTES

Datos asentados en el expediente 189/2011, indican que el 18 de diciembre de 2009, el afectado salió de su lugar de trabajo, localizado en la delegación Gustavo A. Madero, cuando fue sorprendido por cuatro sujetos que viajaban en un Jetta y una camioneta robada Ford, tipo Eco Sport. Lo obligaron a subir al último vehículo, para trasladarlo a una casa de seguridad, ubicada en el pueblo de San Miguel Ajusco.

Los plagiarios contactaron a familiares de la víctima para exigirles dinero a cambio de la libertad del afectado. Tres días después del secuestro, el agraviado trató de escapar de la vivienda y en su intento se encontró con Eduardo Miguel Díaz, a quien le vio el rostro.

Denunciados los hechos ante la Procuraduría capitalina, elementos de Policía de Investigación implementaron un operativo de vigilancia y detuvieron a un cómplice del ahora sentenciado, cuando recibía el efectivo.

Los integrantes de la banda se vieron descubiertos y Eduardo Miguel Díaz, así como un acompañante sacaron de la casa de seguridad a la víctima y la privaron de la vida de tres balazos, para abandonarla en la carretera libre México-Cuernavaca.

Elementos de la Policía de Investigación en cumplimiento a una orden de localización y presentación detuvieron a Eduardo Miguel Díaz en calles de la colonia Reforma Política, perímetro de Iztapalapa, en agosto de 2011.

Cabe destacar que el año pasado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal logró que el mismo Juez 20 Penal, dictara sentencia contra Julio Martínez Lugo, Jonathan Alejandro Rosas Castro, Cristopher Alberto Molina Báez, Tania Yuridia Granados Monroy y los reos Omar Gutiérrez Figueroa e Israel Azael García Rivas, integrantes de la banda de secuestradores y cómplices de Eduardo Miguel.

Por los mismos hechos, el impartidor de justicia castigó a Julio Martínez con cuatro décadas de prisión y el pago de 933 mil 310 pesos de multa. Los otros cinco fueron sentenciados a 55 años de cárcel para cada uno. Como multa sufragarán casi un millón de pesos y cerca de 60 mil pesos de indemnización y reparación del daño.

Cabe mencionar que los reos Omar Gutiérrez Figueroa e Israel Azael García Rivas, planearon el secuestro; y Tania Yuridia Granados Monroy mantenía relación sentimental con Omar Gutiérrez y fue quien le llevó a la cárcel chips telefónicos en varias ocasiones.
 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejercitará acción penal contra una persona, probable responsable del delito de extorsión, detenida por elementos policiales cuando circulaba en una camioneta entregada por las víctimas como producto de las amenazas telefónicas. Durante la persecución una autopatrulla se impactó y sus tripulantes resultaron lesionados.

La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través del Fiscal Central de Investigación, Guillermo Pulido Terán, informó que César Chávez Loza o César Bolaños Molina será consignado ante el Juez Penal en turno del Reclusorio Preventivo Oriente.

Luego de una persecución de la camioneta Toyota, tipo Sienna, modelo 2005, color azul, el probable responsable fue detenido en la esquina de las calles Sebastián Barriguete y Francisco Fuentes, colonia Ejército de Agua Prieta, perímetro de Iztapalapa.

Al inspeccionar la camioneta, fue encontrada la fotocopia de una credencial para votar con domicilio en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que al contactar a esas autoridades policiales notificaron que el automotor estaba relacionado con una extorsión telefónica.

De las pesquisas se estableció que a la víctima le dijeron por teléfono que su hijo estaba secuestrado y le exigieron alhajas, dinero en efectivo y la mencionada camioneta.

Vía teléfono celular, guiaron a la agraviada hasta el Distrito Federal, ordenándole que dejara el vehículo a unas calles de la calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla. De ahí le dijeron que se trasladara a un hotel cercano al Palacio de los Deportes.

En ese momento, un familiar de la víctima también fue contactada, vía celular, y le exigieron que realizara diversas compras para posteriormente entregarlas. Después la guiaron para que se encontrara con su pariente, por el rumbo del Río Churubusco.

En entrevista, el probable responsable César Chávez Loza o César Bolaños Molina manifestó que un amigo le pidió que fuera a traer una camioneta y que además se la prestó para ir a dar una vuelta.

El acusado cuenta con ingresos a los Reclusorios Preventivos Oriente y Sur, en los años 1998 y 2004, por delitos patrimoniales y portación de arma de fuego.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

El presentado tiene el carácter de probable responsable, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas las identifique y denuncie en la Fiscalía Central de Investigación, llamar a los teléfonos 5346-8449 y 5346-8437, o al correo electrónico agenciacentral@pgjdf.gob.mx. 
 

México, D.F---Al continuar con el combate al delito de trata de personas y en seguimiento a los casos Manzanares y Santo Tomás, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarticuló otra célula de la red la cual operaba en el hotel Roma. En la acción fueron rescatadas 27 mujeres, cinco menores de edad y 22 adultas, que eran obligadas a ejercer la prostitución; se detuvo a cuatro personas y se aseguró el inmueble el cual es susceptible para solicitar la extinción de dominio.

Como parte de las indagatorias, relacionadas también con el delito de corrupción de menores, lenocinio y delincuencia organizada, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a

Claudia Patricia Ramos González, alias La Negra o La Chona, de 30 años.

En su momento, esta mujer quedó bajo investigación en el Centro de Arraigos e integrado el expediente, el Ministerio Público la consignó ante el Juez Penal del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales estableció una red de vínculos entre los casos Manzanares, Santo Tomás y el hotel Roma, por lo que solicitó a la autoridad judicial orden de cateo.

En la diligencia practicada en el inmueble, ubicado en la calle Rosario, número 73, casi esquina con Manzanares, colonia Merced, delegación Venustiano Carranza, personal ministerial y de Policía de Investigación rescataron a 27 mujeres, de las cuales cinco son menores de edad, quienes refirieron que eran obligadas a ejercer el sexoservicio y señalaron a:

Clemente Hernández Guarneros, alias Christian, de 28 años;
Hugo Jair Morales Reséndiz, Hugo, de 22 años;
Lina Mara Cortés Leyva, Chaquira, de 20 años, y
Martha Robles Ramírez, Rubí, de 49 años.

En sus declaraciones ministeriales, las víctimas señalaron que el sujeto conocido como Christian las reunía cada mes en el interior del Hotel Roma para instruirlas en caso de qué hacer cuando las autoridades realizaran cualquier tipo de acción en la zona.

Les ordenaba decir que todas eran mayores de edad, que estaban en ese lugar por su voluntad, que nadie las obligaba a ejercer el sexoservicio y que no lo señalaran a él como encargado del hotel.

Asimismo, en la diligencia de cateo se estableció que el inmueble donde se ejercía el sexoservicio es propiedad de la familia Rodríguez Ruvalcaba, el cual también era propietario del inmueble del callejón de Santo Tomás, así como Manuel Rodríguez era dueño del predio del callejón de Manzanares. Cabe señalar que esta última persona se encuentra bajo proceso penal, por los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, lenocinio y corrupción de menores, junto con otras seis personas.

La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales dejó un desglose de la indagatoria para continuar con la investigación, el rescate de otras víctimas y el aseguramiento de otros probables responsables.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas las identifique y denuncie en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales o llamar al teléfono 53-46 81-10 o al correo electrónico jbautistar@pgjdf.gob.mx.
 

México, D.F.--La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó ejercitar acción penal contra una mujer que cobró el dinero de una extorsión. Con el engaño de un menor que lloraba, hicieron creer telefónicamente a la víctima que tenían secuestrado a su hijo.

La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, a través de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, informó que Lucías Sánchez Ledezma será ingresada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a disposición del Juez Penal en turno, como probable responsable del delito de extorsión agravada.

De acuerdo con los hechos asentados en el expediente, la víctima se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada telefónica, en la que escuchó a una voz que llorando le decía mamá unos hombres me subieron a una camioneta, me tienen secuestrado.

Inmediatamente después, un sujeto le dijo tenemos a tu hijo secuestrado y lo vamos a mutilar, si no haces lo que te digo. Ante el temor de que atentaran contra la integridad física de su vástago, la víctima efectuó un depósito bancario en una tienda de electrodomésticos del perímetro de Tláhuac.

Posteriormente, el extorsionador le ordenó realizar otro depósito a favor de Lucía Sánchez Ledezma, quien fue detenida por elementos de la Policía Federal en inmediaciones de la estación Patriotismo, del Metro.

A pesar de negar los hechos que se le imputan, la probable responsable se ubica en circunstancias de tiempo, modo y lugar; además, reconoció ser la titular de la cuenta bancaria, en la que aparecen un promedio de 50 depósitos diarios durante tres meses, según se desprende de la documentación bancaria.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal exhorta a la ciudadanía que haya sido víctima de estas personas las identifique y denuncie en la Fiscalía Central de Investigación para Secuestros o llamar al teléfono 53-45-50-26 y 53-45-50-28, así como al correo electrónico fas.denuncia@pgjdf.gob.mx.