Distrito Federal, búnker de la 'reacción' judicial

Un juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal me reprochó, meses atrás, que cuestionara el uso
arbitrario, sistemático, abusivo de la «prisión preventiva» en el aparato de
justicia penal. Sus palabras desdeñosas fueron: «¿Y qué quiere usted que
hagamos con todos esos delincuentes?».

El juez es usted, no yo; es usted quien debiera
tener la mejor respuesta», le dije, añadiendo: «Lo que sé es que si tuviera que
ser juzgado, no quisiera que usted fuera mi juzgador». Él respingó: «¡Por
qué!». «Porque no quisiera ser jugado por un juez parcial, que presupone que la
persona sometida a juicio es culpable por el solo hecho de haber sido acusada,
detenida o procesada», le respondí.

En la misma ocasión, al hablar yo del papel de los
periodistas y los medios noticiosos para la buena o mala salud del sistema de
justicia penal, un magistrado de ese mismo Tribunal reaccionó con iracunda,
trayendo a colación Presunto culpable, de Layda Negrete y Roberto Hernández
[México, 2009].

Tras repetir lo que Edgar Elías Azar, presidente de
su Tribunal, ha dicho desde que apareció dicho documental: que fue editado de
forma deliberada para desacreditar a esa institución, aseguró ante decenas de
colegas suyos tener pruebas de una conspiración contra el Tribunal de la que
Negrete y Hernández serían parte o quizás instrumento.

Le pregunté por qué no las presentaba ante un juez o
las hacía públicas para desenmascarar la tal conspiración. Al final se comprometió
a enviármelas pero no lo hizo.

Una mentalidad judicial como la implícita en los dos
ejemplos anteriores explica por qué fue tan sencillo para Miguel Ángel Mancera
amasar parte del capital político que le permitió convertirse en jefe de Gobierno
del DF, a través de una consistente estrategia comunicacional de exhibición de persona en medios periodísticos.

Mancera radicalizó una práctica constitutiva del
paradigma inquisitivo de justicia penal en México, donde el ministerio público,
no obstante ser parte procesal, suplanta al Poder Judicial en el espacio
mediático, dando por culpables y condenando a las personas imputadas de delito, de cara a una ciudadanía complacida.

Pues bien, como se conoce, es este sistema el que
Layda y Roberto contribuyeron a desnudar en Presunto culpable, y el que, pasado
el tiempo, encausa las 19 demandas civiles por «daño moral» en su contra.
¿Alguien piensa que jueces de mente inquisitiva como los descritos no
aprovecharán para vengarse, dependientes además de un tribunal aún liderado por
Elías Azar, negador virulento de su despiadado vertedero judicial?

Ciertamente, todos tenemos derecho a nuestra imagen
y honra, lo cual es todavía más relevante aquí, entidad federativa con Ley de
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el
Honor y la Propia Imagen.

Pero el problema es de mayor complejidad. Por
ejemplo:

1. Los policías, la agente del ministerio público y
el juez que protagonizan el documental son servidores públicos y se les fila en
un ámbito público, teniendo además un comportamiento autoritario, abusivo,
inepto y corrupto —por ejemplo, cuando resulta que el único testigo presencial
no lo es—. ¿Cómo podría entonces prosperar la demanda del excomandante de la
Policía Judicial José Manuel Ortega Saavedra?

 2. Si las filmaciones se hicieron con la obvia
anuencia del Tribunal, ¿qué parte de la responsabilidad civil y administrativa
corresponderá a que servidores públicos, si acaso resulta que el documental
violó derechos de algunos de sus protagonistas?

3. Si el documental fue coproducido con fondos de
las instituciones públicas responsables del patrocinio a la cinematografía,
¿qué responsabilidad se les fincará en el caso de que los realizadores sean
encontrados culpables?

4. Según el principio de «proporcionalidad de
derechos» ¿no tiene preminencia, en general, conocer la realidad pasmosa que
revela Presunto culpable en un sentido de interés público —el mismo al que,
paradójicamente, apelan las instituciones policiales y ministeriales de esta
capital para exhibir a víctimas e imputados de delito en los medios?

5. Con la reacción defensiva del gremio de los
jueces ante Presunto culpable, ¿puede esperarse que a los demandados se les
respete su derecho a la imparcialidad judicial?

Preguntas como estas sobran. Pero lo que aquí se dirime no es solo de índole judicial.
María del Rosario Mancera Pérez, jueza 17 civil del DF, es probablemente de
consigna, lo cual explica que niegue el acceso de periodistas a un proceso que
debe ser público, y a los demandados a videograbarlo.

Si en el DF avanzara la implementación de un sistema
basado en la publicidad y la oralidad, esa misma jueza tendría que actuar en
una audiencia de cara a la ciudadanía. Pero ella sabe que no es así; aprovecha
el que esta capital sea un búnker de la visión más reaccionaria de la Justicia
que prevalece en México —lo que se evidencia también en su obsoleto sistema penal.

Lo sobrecogedor es que sobren quienes piensan y
refuerzan la fantasía de que el DF es el enclave mexicano de la posmodernidad
democrática, como si la democracia pudiera ser tal sin Justicia.

witter: @Edad_Mediatica

POR » Marco Lara Klahr

Información enviada a nuestro correo electrónico.

[e-mail]